La variabilidad climática en las últimas décadas es la mayor amenaza para el desarrollo de las sociedades, y al pensar en la actual crisis ambiental surge la preocupación por la pérdida de control del ser humano sobre el entorno en el que vive
Chile es un país con baja generación de gases de efecto invernadero que, como la gran mayoría de las personas sabe, es el principal causante del aumento de la temperatura en el planeta. A pesar de esto, estamos dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático, considerando la situación geográfica y socioambiental en la que nos encontramos insertos.
Aun si consideramos que el recurso hídrico depende de la variabilidad climática, que vemos reflejada en los graves problemas de sequías, en la reducción de precipitaciones, disminución de los caudales y regímenes pluviométricos, isotermas más elevadas y el uso consuntivo y no consuntivo por el código de aguas, no es sencillo explicar que nos ubicamos dentro de los 18 países con extremo estrés hídrico basal a nivel mundial (WorldresourcesInsitute 2019), especialmente cuando contamos con nuestras 101 cuencas hidrográficas principales, nutridos por los 1.251 ríos en todo el territorio nacional que nos aloja como uno de los 20 países con mayor recurso hídrico. Toda una contrariedad.
El “estallido social” a finales del año pasado reflejó el déficit del acceso al agua segura, ya sea urbana o rural en muchas localidades de nuestro país. Por otro lado, los costos económicos también fueron de magnitud, el más claro fue sobre el PIB con cerca de US$9.000 millones (Banco Central) y si a eso sumamos los cerca de US$5.000 millones (CCHC) invertidos en reparación y reemplazo de infraestructura pública y privada, llegamos a cerca de US$14.000 millones (LyD) que si pudiéramos utilizar en optimizar recursos hídricos, alcanzan a costear la construcción de unas 100 plantas desaladoras.
Dicha situación, a la que se suma ahora nuestro escenario de pandemia, no hace más que evidenciar, aún más, la vulnerabilidad del recurso hídrico y las necesidades básicas de cada persona. Hay más de 350 mil individuos sin agua potable, a quienes se les suministra agua a través de camiones aljibe donde la calidad de la misma no es del todo controlada.
También debemos considerar algunos factores críticos que son comunes a gran parte del país como el nivel de acceso al agua, dependiendo de si es urbano o rural, los impactos de la prolongada sequía que nos afecta por más de 12 años, la cobertura de uso de suelo forestal, el reemplazo del bosque nativo, los cambios de uso de suelos e, inclusive, externalidades como los incendios forestales.
Ante esta panorámica es esencial cambiar la institucionalidad del agua y pasar a una gobernanza hídrica, dejando atrás la seguridad hídrica que plantea el Estado y sus organismos. De esta manera, las comunidades urbanas y/o rurales, que cada vez se hacen más vulnerables y conocen su realidad local, serían consideradas como un pilar fundamental en la toma de decisiones del manejo del agua de su territorio. Sin embargo, esto debe ser un esfuerzo consensuado entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones, para trabajar orientados a la sostenibilidad de este recurso en el tiempo, ante mayores demandas de agua presentes y futuras.
Ana Araneda Gómez
Doctora en Ciencias Ambientales
Coordinadora Formación Transversal
Instituto Profesional Virginio Gómez sede Chillán