América Latina y el Caribe enfrenta hoy múltiples crisis que amenazan con profundizar desigualdades históricas y estructurales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Ellas enfrentan menor participación laboral que los hombres, mayor pobreza y sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados. Esta temática se conmemoró hace algunas semanas en el día internacional de las sociedades de cuidado y su apoyo, fecha que busca concientizar sobre el impacto de esta realidad en el continente.

En este contexto, la actual demanda de trabajo de cuidados se intensifica a causa del envejecimiento poblacional y las urgencias epidemiológicas mundiales. Actualmente, se abre una oportunidad de construir ese futuro donde las cargas sean justas y se redistribuyan los tiempos, los recursos, el poder y el trabajo para transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo y a una sociedad más igualitaria.

En los últimos 45 años la agenda regional de género ha reafirmado los principios de universalidad y progresividad, sobre la importancia de la corresponsabilidad para redistribuir el trabajo de cuidados tanto entre hombres y mujeres como entre el Estado, el mercado, las comunidades, las familias y las personas, lo que implica pactos económicos a largo plazo y la necesidad de incorporar los objetivos de cuidado en todas las políticas públicas. Este desafío se encuentra enraizado en la división sexual del trabajo y, en gran medida, en el trabajo de cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres.

“En nuestra región, las mediciones de uso del tiempo muestran que las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por lo que la igualdad y la justicia pasan por redefinir estas cargas y crear una sociedad del cuidado”, asegura José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

En Chile, el 70% de las personas con algún grado de dependencia son cuidadas por una mujer según el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) en 2022, y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 25,6% del PIB según datos del Banco Central en 2020.

En tanto, en el Diagnóstico de Género realizado en nuestro IPVG este año también se evidenciaron brechas significativas, ya que tanto en docentes, al igual que en los estamentos estudiantil y de colaboradores/as, son las mujeres las que, en mayor medida, son cuidadores/as principales de otra persona.

Sólo en docentes, el 62,3% de las mujeres encuestadas es cuidadora principal de alguien. De ellas, el 85,1% lo es de su/s hijo/as; y el 9,9% de un/a adulto/a mayor. El 36,1% de los hombres encuestados es cuidador principal de alguien. De ellos, el 77,2% lo es de su/s hijo/as.

En términos generales, el 49,4% de los y las docentes encuestados dijeron ser cuidador/a principal de alguien. De ellos, el 63,9% son mujeres; el 36,1% son hombres.

La directora de la Escuela de Salud, Leslie Aguayo, indica que efectivamente hasta el día de hoy las mujeres o personas con útero, por un rol social en general se encuentran a cargo del cuidado de preferencia en el país. En este contexto, es de gran importancia el Plan Nacional de Salud Integral para personas mayores, el cual está vigente hasta el 2030, buscando levantar un sistema de salud integral, que permita el desarrollo de acciones en distintas instancias que partan desde el hogar y pase por los diferentes niveles de atención de la salud pública, con la misión de entregar servicios de salud a las personas mayores asegurando su acceso, la calidad y sostenibilidad en el tiempo.

Con este fin se estableció en la Ley N°20.422 la atención preferencial, donde se instauran normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social tanto para personas con discapacidad como para personas mayores, “lo que permitió la creación de planes de desarrollo de atención preferente en los centros de salud, facilitando el acceso a acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación en salud”, finalizó la docente.