Por definición la interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo y la elaboración de políticas, que abordan múltiples discriminaciones y permite entender la manera en que el género se cruza con diferentes identidades y cómo esto influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.  Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos humanos.

Analizar la inclusión laboral de mujeres con discapacidad, desde la óptica de la interseccionalidad, visibiliza la desigualdad que aún se manifiesta en el ámbito laboral que afectan de manera particular la inclusión laboral de las mujeres discapacitadas. Esto permite que, desde un enfoque social de la discapacidad, sea necesario transversalizar la perspectiva de género en estrategias y políticas amplias de inclusión laboral.

Desde la realidad social y las diversas investigaciones realizadas en materia de desigualdades, existe consenso en el hecho de que las brechas a las que se enfrentan los grupos históricamente postergados se ven agravadas si estos presentan una condición de discapacidad. Es así, como en cada indicador que se observe, ya sea trabajo, salario, salud, educación, entre otros, las personas con discapacidad se enfrentan a mayores dificultades que el resto de la población a lo largo de su vida. Existiendo en esta última variable, género, grandes brechas y desigualdades entre mujeres y hombres con alguna condición asociada a ella, es decir, las brechas ya existentes entre hombres y mujeres se profundizan ante otras variables sociales como la discapacidad.

Las últimas estimaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), a partir de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia ENDIDE 2022, confirman la brecha en materia de género que distintos organismos a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han anunciado como un fenómeno a nivel mundial.

Por ello, según la ENDIDE 2022, actualmente en Chile se estima que hay 2.703.893 adultos con discapacidad, correspondiente al 17,61% de la población mayor de 18 años residente en el territorio. Dentro de este colectivo, las personas de sexo masculino representan el 13,14% de la población con discapacidad (986.106 personas), mientras que, para el caso de las mujeres esta cifra asciende a 21,88% (1.717.787 personas).

En palabras simples, las mujeres viven más, y tal como indica la ENDIDE 2022, al vivir más años, presentan una mayor condición de discapacidad y también, mayor severidad en ella. En cuanto al cuidado y su relación con el trabajo y la sociedad, la organización social de los cuidados se refiere a las interrelaciones entre las políticas económicas y sociales del cuidado, es decir, las formas de distribuir, entender y gestionar la necesidad de cuidados que sustentan el funcionamiento económico, y de la política social (CEPAL: 2015).

En consecuencia, el trabajo doméstico y las labores de cuidado es el conjunto de labores, generalmente sin pago monetario, que sustentan el trabajo remunerado. La reciente discusión política en torno a este fenómeno se concentra en el reconocimiento efectivo del trabajo doméstico y las labores de cuidados de manera que se le valore económicamente su aporte la economía y al mercado laboral.

Todo lo anterior indica que una de las principales cargas que enfrentan las mujeres, debido a los roles que están asociados a su género - en el marco de la tradicional división sexual del trabajo - corresponde al trabajo no remunerado de cuidados. Esta situación está estrechamente vinculada con la desigualdad socioeconómica y de género, ya que a pesar de que la inactividad ha ido disminuyendo en el país y ha aumentado la participación de la mujer en el mundo del trabajo, el cuidado, sin contar las disciplinas de salud y por lo general, continúa siendo una labor femenina no remunerada.